Catarsis Cívica

REHENES DEL AGUINALDO La indefinición oficial sobre cumplir con el pago del medio aguinaldo de los estatales bonaerenses, o de transformarlo en cómodas cuotas de un cuarto o de un octavo de aguinaldo, ha ocasionado que vivamos días de conflicto, con la educación, la salud, la justicia y virtualmente toda la administración pública paralizadas en estado de lógico reclamo ante el incumplimiento de lo que les es debido. Es bueno repasar quienes son los actores y cuales las situaciones de esta sorpresiva crisis de iliquidez salarial: a) el Estado provincial empleador, en cuya versión oficial esta situación de insolvencia retributiva es producto de un déficit estructural que relega a la Provincia en materia de coparticipación federal; b) el Gobierno nacional, que no ve en esto más que una deficitaria administración del presupuesto provincial; c) los empleados públicos (buena parte de los platenses) que son los perjudicados directos en la percepción integral y oportuna de un derecho r

La implementación del Juicio por Jurados ha sido postulada por el Gobernador de nuestra provincia como una de las principales metas para su segunda gestión, siendo inminente la elevación del proyecto de ley para la reglamentación de este instituto tendiente a involucrar a ciudadanos en el juzgamiento de delitos gravísimos. Luce por demás oportuno, entonces, realizar un análisis constitucional sobre las conveniencias y los riesgos de la reforma procesal que se propone, para dimensionar sus efectos dentro de una coyuntura bonaerense de creciente demanda de seguridad, de cuestionamientos a la eficiencia del sistema judicial penal y de mayor control ciudadano. Desde el plano normativo, desde siempre el constituyente ha peticionado por triplicado su reglamentación en el texto expreso de nuestra Carta Magna (arts. 24 y –actuales- 75.12 y 118), pese a lo cual el juicio por jurados luce desde entonces como una utopía distante para las prácticas forenses argentinas, con la sola excepción contem