Rehenes del aguinaldo

REHENES DEL AGUINALDO

La indefinición oficial sobre cumplir con el pago del medio aguinaldo de los estatales bonaerenses, o de transformarlo en cómodas cuotas de un cuarto o de un octavo de aguinaldo, ha ocasionado que vivamos días de conflicto, con la educación, la salud, la justicia y virtualmente toda la administración pública paralizadas en estado de lógico reclamo ante el incumplimiento de lo que les es debido.

Es bueno repasar quienes son los actores y cuales las situaciones de esta sorpresiva crisis de iliquidez salarial: a) el Estado provincial empleador, en cuya versión oficial esta situación de insolvencia retributiva es producto de un déficit estructural que relega a la Provincia en materia de coparticipación federal; b) el Gobierno nacional, que no ve en esto más que una deficitaria administración del presupuesto provincial; c) los empleados públicos (buena parte de los platenses) que son los perjudicados directos en la percepción integral y oportuna de un derecho remunerativo que suele estar previsto para afrontar vacaciones y proyectos; d) el resto de los ciudadanos que nos valemos de los servicios estatales y que nos vemos directamente afectados (tránsito incluido, obviamente) por una insólita situación iliquidez presupuestaria; y e) la propia coyuntura global, que avisaba desde hace más de un año que tarde o temprano tendríamos coletazos de las restricciones que se viven en Europa, y que obligaba a todo funcionario local que previera un escenario cauteloso como el actual.

Esta descripción somera permite enmarcar constitucionalmente algunos aspectos de interés para reflexionar en tiempo oportuno:

a)       Es legítima la excusa oficial de un desfasaje estructural de la coparticipación federal disvalioso para con los bonaerenses? Por supuesto que sí! Nuestra provincia (motor económico indiscutido de la Nación) solventa con ciega solidaridad federal los desequilibrios de la mayoría de las regiones postergadas del país. Para ello ha ido resignando a la mitad de su capacidad contributiva su propio derecho a la coparticipación, lo cual explica (en parte) que sea deficitaria aún en épocas de bonanza económica.

b)      Es oportuna la actual invocación de esa injusticia estructural ante una iliquidez circunstancial? Absolutamente no. Por su peso político, la Provincia de Buenos Aires posee una formidable representación en la Cámara de Diputados de la Nación, sus tres senadores nacionales y un Gobernador de peso específico determinante para instalar recurrente y lapidariamente en la agenda política nacional el tema del déficit estructural de distribución de recaudación de impuestos, pero nunca lo ha hecho. Y viene a invocarlo desesperadamente cuando se incurre en una notoria imprevisión presupuestaria; en Derecho existe una regla que resume esta situación: “no puede invocar torpeza quien la provoca”. No debiera recurrirse a un reclamo genuino de recomposición federal solo para excusar insuficiencias presupuestarias coyunturales.

c)       Corresponde la intervención de la justicia para proteger los derechos de los trabajadores estatales? Indudablemente. La afectación del sector más sensible por un error de estrategia presupuestaria no puede resultar impasible ante la denuncia de estos atropellos, y afortunadamente siempre hay algún juez que no teme cumplir su rol equilibrante de control para recordar que la Constitución es más que papel escrito.

d)      Existe responsabilidad constitucional por la omisión de un pago salarial? Debe existirla, pues si nos instalamos en el mundo de las excusas, jamás lograremos explicarnos los bonaerenses por qué siempre somos los primeros que debemos pagar errores ajenos. Es hora que los ciudadanos vayan visualizando una medida concreta para evaluar la gestión de nuestros gobernantes, pues los hay buenos y malos, eficientes e ineficientes.  

e)      Es factible revertir la situación de iliquidez para afrontar el aguinaldo? Claro, evidentemente la provincia más productiva del país cuenta con herramientas diversas para solucionar rápidamente esta coyuntura salarial indeseada y que una administración moderada hubiese sorteado. Lamentablemente al presente solo se mencionan públicamente como soluciones la filial esperanza de un nuevo préstamo del Tesoro nacional (alguien se endeudaría recurrentemente para pagar expensas o costos fijos?) o el deseo de adelantar la liquidación de cánones para licencias de juegos de azar (otra forma de malvender las joyas de la abuela). Igual, mucho menos justificable sería que estos desajustes coyunturales puedan motivar una declaración de emergencia económica: acudir tan ligeramente a la restricción de derechos económicos de los bonaerenses en un escenario que dista muchísimo de las crisis profundas y refundacionales que hemos sorteado, sería igual que internar en terapia intensiva al familiar resfriado.

f)        Finalmente, puede alguna vez revertirse el escenario de una provincia eternamente deficitaria? Esta pregunta es de final abierto, pues más allá del voluntarismo que pueda motivar a algún futuro gobernante bonaerense, resulta harto difícil imaginar que el resto de las provincias concedan algún beneficio adicional al distrito que aglutina a más de un tercio del potencial productivo y electoral del país. La desconfianza ha sido y será una constante para con nosotros, pero por ello deberíamos apostar a debatir y luego liderar una idea de refundación fiscal de la Argentina, jerarquizando a las provincias (sin olvidar a los municipios) como los entes estatales de recaudación natural, como la manifestación estatal más cercana a quien pedir e interactuar.

En lugar de convertirnos en los primeros perjudicados de tropiezos previsibles, los bonaerenses merecemos, por historia y por derecho propio, consolidar una nueva propuesta de equilibrio federal que respete nuestros derechos a ser tratados como al resto de los argentinos (art. 8 de la Constitución Nacional). Lograr que nuestros gobernantes lo entiendan y levanten esa bandera es también, nuestro desafío como ciudadanos.