Defensa y refuerzo de las PASO

Servirán para algo las elecciones del próximo 13 de agosto? Acaso es inconstitucional –como lo denunció en esta columna el diputado Tonelli- obligar a la ciudadanía a participar en internas de partidos a los que no están afiliados? Lo cierto e inminente es que en menos de un mes todos los argentinos deberemos acudir a cumplir con una obligación electoral adicional y antecedente a las elecciones generales de mitad de término, para definir justamente a quienes podrán participar de esa segunda elección a realizarse un par de meses después. Es lógico que esté en duda la razón de ser de esta elección primaria, abierta, simultánea y obligatoria (P.A.S.O.) en tanto la oferta electoral de octubre ya se encuentra casi definida, y salvo unas pocas contiendas internas locales, los comicios de agosto sólo servirían como un filtro de partidos minoritarios (sólo participarán en octubre quienes superen el piso mínimo de 1.5% de votos válidos) y de virtual y costosa encuesta previa.

En este punto vale recordar que las PASO se originaron de una derrota electoral del oficialismo kirchnerista del 2009, que tras fracasar principalmente en el distrito bonaerense con un esquema de candidaturas testimoniales (inadmisibles en nuestro sistema constitucional) frente a un candidato millonario y ajeno a la política tradicional (De Narváez), se decidió a limitar el financiamiento privado de la política, a incorporar gradualmente a las minorías partidarias relevantes y a actualizar el sistema de organización electoral mediante una ley de pomposo nombre (26.571, de “democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral") que se gestó mediante un interesante proceso previo de mesas de diálogo cívicas e interpartidarias.

Pues bien, desde su implementación hace ya tres elecciones, las PASO han ido desdibujando su sentido práctico, principalmente por no haberse sellado bifrontalmente su tránsito de carácter obligatorio: sólo se ha enfatizado el deber cívico de participar en ellas, mas no el de los candidatos de utilizarlas adecuadamente, lo que ha devenido en un esquema de dispersión partidaria que habilita la irrupción a último minuto de ofertas electorales sorpresivas, para evitarse justamente la contienda interna previa de quienes dicen comulgar ideologías similares: así la ex presidente ha renegado incluso del sello justicialista para evitar una confrontación con su ex ministro del Interior (ambos justamente impulsores de las PASO), o el oficialismo actual ha desalentado también el enriquecimiento de su oferta mediante una lista única verticalmente diseñada (nuevamente, contrariando el espíritu horizontal que guían a estas primarias) y, finalmente, casi todo el espectro político ha ignorado el sentido legitimador y ordenador de esta elección previa optando por ofrecer un menú acotado al electorado obligado a participar de un acto electoral insípido y sinsentido.

Antes bien de coadyuvar a las tesis abolicionistas de las PASO, o de adherir a planteos de supuesta inconstitucionalidad de la obligación de participar en internas de partidos políticos en los que no estamos afiliados (circunstancia que es relativa pues siempre existe la opción del voto en blanco), entendemos oportuno defender su motivación originaria y enfatizar que su aparente inutilidad actual deriva más bien de sus propias debilidades reglamentarias que han dado lugar a que los candidatos personalicen egoístamente su visión: el caso bonaerense –como siempre- es paradigmático,  pues en lugar de llevar a octubre con una oferta electoral clara y depurada, los bonaerenses tendremos que elegir nuevamente entre centenares de candidatos a senadores, diputados y legisladores locales.  Por ello, más que tender a eliminarlas presupuestariamente, es necesario reforzar el actual sistema de las PASO por uno que además obligue a “organizarse” a los candidatos (frentes, partidos y personas) para que definan anticipadamente en qué oferta ideológica participarán, para evitar que jueguen a último momento con la apertura de espacios inéditos, temporarios y volátiles para evitar la confrontación interna. Así, las PASOO (agregándose el adjetivo de “organizadoras”) importarían que los candidatos sólo puedan competir por partidos políticos en los que estuvieron afiliados como mínimo dos años previos a su postulación. Se evitarían así los oportunismos, los volantazos y las traiciones electorales de quienes se ven tentados de buscar atajos para evitar la competencia previa legitimante y organizadora que ha previsto este sistema. Naturalmente las nuevas PASOO debieran consensuarse legislativamente solo tras la inminente experiencia de agosto, por obvias razones de no modificar el reglamento en medio del juego eleccionario, y debiera comprender además correcciones reglamentarias de temas electorales aún pendientes: la prohibición explícita de las candidaturas testimoniales (mediante la obligación de renunciar a su cargo actual de quienes se postulan a otro) y la incentivación de las internas duplicando el monto de aporte estatal sólo a los partidos o frentes que presenten al menos dos opciones reales a las primarias, entre otras.

La evolución del juego electoral en nuestro país precisa de nuevas reglas que fortalezcan a la imprescindible existencia de partidos políticos (arts. 36 y 37 de nuestra Constitución federal) para garantizar una oferta amplia y clara de candidaturas a una ciudadanía que exige y se merece una mejor democracia, y no una vuelta a esquemas personalistas y oportunistas que solo debilitan a nuestras instituciones.

Julián Portela - Profesor de Derecho Constitucional (UNLP)