La prueba de la blancura

Es la crónica de un final anunciado: sin reglas claras ni coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, nunca se puede ser campeón. Pero tampoco, ni siquiera, volver a clasificar para figurar entre los mejores del mundo. En el Mundial de la transparencia de este año (ranking oficial de Transparency International), Argentina figura en el puesto 85, muy atrás de otros vecinos latinoamericanos, y desde allí sigue siendo ilusorio que se aguarde el inicio de la lluvia de capitales extranjeros para financiar a un país que no genera confianza. Y como prueba basta con la imposibilidad de retener a los siempre volátiles capitales del propio empresariado argentino, conocedor de las inconsistencias de nuestra historia, que ya no duda en emigrar o refugiarse en el dólar para resguardarse de nuestras cíclicas crisis financieras.

Frente a ello el electorado mayoritario por dos veces ha comprendido que es relevante respaldar las propuestas concretas de  transparencia y de lucha incondicional contra la corrupción que han sido un compromiso explícito y casi fundacional de “Cambiemos”, la alianza política que nos gobierna nacional, provincial y hasta localmente. Es difícil no coincidir con esa propuesta superadora en un tema respecto al que ciertamente reinó el desprecio en la gestión anterior, que pecó siempre de considerar que la ciudadanía solo privilegiaba los avances sociales, como si no pudiera –y debieran- evaluarse ambas evoluciones (democracia social y república transparente) de manera mancomunada.

Pero no basta con solo flamear la bandera de la transparencia, a dos años de gestión es imperioso ejercerla en los momentos clave. Con foco en nuestra provincia, basta con visualizar el estado actual de los organismos constitucionales de control (todos encabezados por simpatizantes confesos del oficialismo), por la insignificancia de la supuestamente revolucionaria Oficina de Fortalecimiento Institucional (desconociéndose toda actividad productiva desde su creación), por la desarticulación operativa del Tribunal de Cuentas (hoy sin quorum para controlar nada) o del fuero judicial contencioso administrativo (afectado operativamente por falta de nombramientos o la tendencia marcadamente fiscalista de los mismos). Ni mencionar tareas más ambiciosas como la pendiente creación del Tribunal Social de Responsabilidad Política que hace 25 años ordena nuestra Constitución provincial, o la incorporación de instrumentos de control cívico directo como las auditorías ciudadanas o la revocatoria de mandatos.

Y en todo ese contexto, y visibilizado por la tarea investigativa del periodismo (su más sana función constitucional como ojos de la ciudadanía), ha irrumpido la noticia de una maniobra de corrupción en la base misma de la legitimidad (el proceso de elección del poder). En lo concreto, funcionarios y ciudadanos (varios de nuestra ciudad) que figuran como donantes voluntarios a la última campaña electoral del oficialismo refutan pública y privadamente haber realizado aporte alguno, lo cual importaría que pueda haberse caído en la ilegal costumbre nacional de “dibujar” un recaudo legal con información inexacta. Lo han hecho otros antes? Probablemente sí. Entonces ¿qué le hace una mancha más al tigre? Mucho.

El escenario actual plantea para la propia gobernadora un concreto e inmediato “desafío de la blancura”, no ya como una dicotomía publicitaria, sino como un doloroso test de legitimidad, coherencia y honestidad con el cambio ofrecido a los electores. Si, como evidencian muchos testimonios que pululan en las redes, en la provincia de Buenos Aires se ha configurado el año pasado un financiamiento electoral apócrifo en el mismo seno del oficialismo, el gobierno debiera colaborar “activamente” con la investigación, identificando de inmediato a los responsables internos de tal ilícito (militantes, recaudadores, etc), poniéndolos a disposición de la Justicia, so riesgo de enturbiar con su silencio o su pasividad a toda la agrupación política. También los ciudadanos que aparezcan indebidamente como aportantes en la nómina registrada oficialmente (consultar en https://www.electoral.gov.ar/financiamiento/aportes-privados.php), debieran cumplir con su deber cívico de denunciar esta grave anomalía (en el Juzgado Federal Nº3 de La Plata tramita ya una de las investigaciones).

Por ello es que si en verdad existe un compromiso real de transformarnos en un país serio y confiable, merecedor de inversiones propias y ajenas que reactiven nuestra economía, debemos seguir el ejemplo del reciente campeón Francia, donde se investiga a fondo incluso a un presidente por su irregular financiamiento de campaña. Por el contrario, dejar que todo pase, o tapar la realidad que disgusta al poder que se arribó con la plataforma de la transparencia, sería coronar una actitud gatopardista imperdonable: “si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie".