VOX POPULI, VOX DEI?

"El precio de desentenderse de la política, 

es ser gobernado por los peores hombres" 

Platón

Cuánto vale realmente nuestro voto? Es la legitimación democrática de los líderes una garantía contra todos los males? Ante la inminencia de las elecciones generales que definirán la conducción política en nuestro país, provincia y municipio para los próximos cuatro años, es inevitable reflexionar sobre la incidencia real de nuestra obligación de sufragar, máxime en un contexto regional donde masivas protestas jaquean a los gobiernos democráticamente elegidos de varios países vecinos. Adelantemos que consideramos tan insuficiente una democracia que no se apoya en una Constitución nacida de fuertes consensos sociales, como aquella que no posee resortes para evitar apartamientos constitucionales manifiestos.

Veamos el paradójico caso de Chile, tan alabado por buena parte del empresariado y de la clase política argentina como el mejor ejemplo latinoamericano de implementación de la economía de mercado, que nos sirve de base para sacar algunas conclusiones. Sin entrar en un análisis profundo sobre la complejidad del fenómeno masivo e inorgánico de protestas que esta semana se encuentra interpelando al poder democrático elegido hace apenas un año, vale reseñar que ahora el propio presidente Piñera ha terminado reconociendo que la distribución de los beneficios económicos del progreso chileno de las últimas décadas ha olvidado a buena parte de la población (los trabajadores principalmente), condenándola a ser espectador del triunfo y despegue de la clase alta. Esto es absolutamente entendible cuando el esquema desigual de distribución de ingresos encuentra legitimidad en una Constitución diseñada por y para beneficio de la clase social más privilegiada, en plena dictadura de Pinochet. Entonces riqueza nacional no necesariamente conlleva justicia social, como bien ha resumido Eduardo Galeano: “¿Dónde se cobra el Ingreso per Cápita? A más de un muerto de hambre le gustaría saberlo. En nuestras tierras, los numeritos tienen mejor suerte que las personas. ¿A cuántos les va bien cuando a la economía le va bien? ¿A cuántos desarrolla el desarrollo?”.

Pero mientras a los vecinos trasandinos les ha llegado la hora de dirimir sus deudas históricas seguramente con una reformulación de su texto constitucional, vale preguntarnos por aquí si –con una Constitución de indudable legitimidad democrática- puede un gobierno elegido mayoritariamente deslegitimarse por el ejercicio de su función: claro que sí, en la medida que se aparte de los objetivos de vida que nos planteamos como meta los argentinos para convivir. Baste recordar analógicamente lo que ocurrió en 2001 al perder toda legitimidad un gobierno democráticamente elegido, pero de ejercicio funcional divorciado con la Constitución y generador de una desigualdad social intolerable. El pueblo, como soberano final, tarde o temprano se expresa cuando fallan las instituciones, exigiendo reformular el pacto social de convivencia.

Y cuáles son las metas nacionales que no deben ningún gobierno puede ignorar? Hace un par de semanas se viralizó en las redes un cuestionamiento por plagio a un discurso electoral de un candidato (ahora electo) a gobernador del Chaco, en tanto incluía un fragmento simétrico a la famosa oratoria de cierre de campaña que Raúl Alfonsín realizó ante más de un millón de seguidores, en las vísperas de la vuelta a la institucionalidad en 1983. Como predicador del constitucionalismo como mecanismo más saludable de organización racional y consensuada de la vida social, no solo no veo cuestionable que se reciten una y mil veces los objetivos del preámbulo, sino que por el contrario, instaría a que todos los candidatos a que los repasen ante cada promesa electoral y se comprometan a respetarlos en forma conjunta, y no aislada: es inviable seguir predicando que se pretende promover el bienestar general si se lo hace marginando a una parte de la sociedad, o afianzar la justicia sin un compromiso concreto con la transparencia y rendición continua de cuentas, ni menos aún si se discrimina el respeto de las libertades entre propios y opositores entre los habitantes que habitan el suelo argentino.

Cada voto es entonces nuestra personal apuesta concreta a que el candidato elegido buscará representar de la mejor forma la búsqueda de esos objetivos, pero siempre será la Constitución (perfectible, pero democrática y consensuada) nuestra mejor herramienta para limitar los desvíos posteriores en que el ejercicio del poder suele recaer. En nuestra democracia republicana, lejos de agotarse solo con el voto, la voz del soberano se complementa entonces con el imperio de una ley con pretensiones equitativas: votemos con responsabilidad, pero velemos luego que los elegidos no se aparten de las metas constitucionales que nos hemos fijado para nosotros, y para nuestra posteridad.