ABORTO: LA PREVISIBILIDAD DEL RECHAZO DEL SENADO

Más allá de las reacciones ideológicas dispares que haya provocado la postura mayoritaria de la Cámara Alta al rechazar el proyecto de ley de despenalización del aborto, entiendo que puede ser gráfico evidenciar condimentos de lógica institucional que hacían previsible este resultado:

1) Federalismo: Al organizarnos en 1853 mediante un esquema legislativo bicameral, las provincias del interior se garantizaron una instancia donde su voz pudiese hacerse fuerte frente al siempre temido protagonismo de la metrópoli de tendencia unitaria. Por ello, a diferencia de diputados que representan preferentemente población, la Cámara de senadores es eminentemente territorial, y allí cuentan con el mismo número de senadores provincias donde cada senador nacional representa 50 mil habitantes (como Tierra del Fuego) que nuestra gigantesca Buenos Aires, donde sus también únicos tres senadores nacionales representan proporcionalmente más de 5 millones de ciudadanos cada uno (100 veces más). 

2) Tradicionalismo: en ese esquema legislativo bicameral, el Senado es la instancia donde el interior profundo se hace fuerte por sobre las conglomeraciones urbanas, y donde esta asimétrica proporción de legisladores de provincias poco pobladas tiende a hacer pesar su profunda raigambre cultural, tendiendo a ser históricamente mucho más conservadoras en políticas progresistas o de expansión de derechos.   

3) Fidelidad a poder corporativo: la reñida aprobación en Diputados, cuyos cientos de legisladores sí se muestran más permeables a presiones partidocráticas y de presión popular, se licua fuertemente en una cámara casi cuatro veces más chica (sólo 72 miembros), donde cada senador nacional tiene muy presente que su carrera política está íntimamente vinculada con el apoyo que en su provincia le brinden las corporaciones tradicionales. La famosa votación en contra de las retenciones al campo de hace una década fue una muestra de ello, y en este sentido, esta votación es una evidencia notoria del tremendo peso político que la Iglesia católica sigue teniendo en muchas provincias en cuestiones que considera estratégicas para su doctrina. 

4) Componente generacional: siguiendo una vieja tradición que la identifica como la Cámara “vieja” o de los ancianos, nuestra Constitución ha elevado la edad mínima para ser senador por arriba de la de diputados (art. 55), aunque son muy pocos los senadores que están cerca de esos 30 años, y la edad promedio la duplica (ronda los 60). En ese contexto, es también mucho más previsible que haya una distancia generacional aún mayor con problemáticas más propias de jóvenes: quizás sea tiempo (ya con jóvenes de 16 votando y asumiendo responsabilidades cívicas), que todos los presupuestos etarios decimonónicos sean completamente revisados.

5) Status social: Tampoco es un tema menor identificar que genéricamente los senadores nacionales son figuras de mucho peso político en las provincias, y si no son familiares directos del gobernador en ejercicio, son candidatos naturales a sucederlos o viejos caudillos (como el caso del eterno ex presidente Menem). Ninguno de ellos campea con las problemáticas cotidianas de la estrechez económica o la vida común de un ciudadano de a pie, menos aún con dietas y beneficios que quintuplican cualquier salario mínimo.

Naturalmente estas consideraciones incluyen generalizaciones meramente gráficas (cada senador puede ser una excepción), pero no dejan de ser condimentos institucionales innegables que condicionan las respuestas orgánicas que pueden esperarse de una instancia legislativa diseñada por el constituyente hace más de 165 años justamente para actuar como una etapa obligada de mesura y freno de políticas impulsivas. Y más allá del replanteo de una temática tan relevante en un futuro periodo legislativo, es innegable que la sociedad se ha enriquecido notablemente con un rico debate a puertas abiertas, movilizando como pocas veces a la ciudadanía para defender sus posturas ideológicas en un marco propio de una democracia moderna. Lamentablemente este proceso no ha producido decisiones de fondo que alteren una problemática vital donde sigue reinando una fuerte hipocresía (no puede ser otra cosa la vigencia formal de una ley penal que castiga una conducta recurrente que nadie respeta), pero aun así corresponde concluir que igualmente esto es también parte de aceptar la dinámica de todo juego democrático… hasta que se logren cambiar sus reglas.